Desde hace ya un tiempo se viene hablando de una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) en la que se pretende hacer frente a los enlaces a descargas. En ella, el objetivo prioritario se centra en fortalecer las medidas del funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual de tal forma  que las páginas de enlaces a descargas podrían ser sancionadas con multas económicas que oscilarían entre los 30.000 y los 300.000 euros.

En términos generales, viene a ser una modificación a grandes rasgos de la Ley Sinde llevada a un trámite mucho más duro en el que tratan de protegerse los derechos de autor. Así, supone una lucha contra todo tipo de piratería en Internet. Una de las novedades de esta nueva reforma, tal y como recogía en su día el diario El Mundo, es que se redefine el concepto de copia privada a “aquella realizada sobre un original adquirido de forma comercial”, oponiéndose por tanto a las copias licenciadas como los archivos de audio o vídeo descargados porque no vienen en formato físico como en el caso de los Cds.

Con respecto a los derechos de autor en la red, estos quedarán protegidos mediante una nueva consolidación de  las competencias de la Comisión de de la Propiedad Intelectual a través de la Sección Segunda. Para ello, se procederá a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente en su artículo 256.

En un principio, se pensaba que la Ley Lasalle afectaría también a los motores de búsqueda, entre ellos Google, si bien luego se establecería la excepción de que no serían sancionables aquellos cuya actividad no fuese activa, sino neutral. De este modo, Google se salvaría dado que se trata de un motor de búsqueda de contenidos, eventual para los usuarios que recurren a él. También se hace una tímida alusión a los bloggers y Community Managers, ya que tampoco afectará a quienes “enlacen ocasionalmente a contenidos de terceros”.

Con todo ello, ¿podremos escapar los marqueteros de las garras de la Ley Lasalle?